Una diócesis propia para un país independiente (IV). Los intentos civiles por crear una diócesis en Costa Rica en 1825 y 1848.

En los años de 1825 y 1848 el gobierno civil residente en Costa Rica intentó crear por su propia cuenta una diócesis en el país. Tentativas que respondieron más a intereses políticos, económicos y de poder que a religiosos. 

Para comprender este proceder de las autoridades civiles de Costa Rica se deben tener en cuenta dos elementos. El primero de ellos fue lo sucedido en El Salvador luego de 1822, cuando sus gobernantes, capitaneados por Manuel José Arce y su tío el Pbro. José Matías Delgado, crearon una diócesis en El Salvador argumentando para su proceder la independencia de España y, por ende, la herencia del Regio Patronato Indiano. Este último elemento indicado es el segundo aspecto que se debe tener en consideración, pues fue el que más problemáticas causó entre los nuevos gobiernos locales y la Santa Sede.  

Hay que tener en cuenta que los territorios que en la actualidad son las repúblicas de El Salvador y Costa Rica no poseían una sede catedralicia dentro de sus fronteras después de la independencia. El resto de los actuales estados de América Latina surgidos y consolidados post la década de 1820 tenían al menos una diócesis o un prelado dentro de sus límites administrativos. 

Tanto El Salvador como Costa Rica gestionaron tener un obispado en sus territorios, desde tiempo previos a la independencia. La vez que los salvadoreños estuvieron más cerca de conseguirlo fue posterior a la visita pastoral realizada por Mons. Pedro Cortés y Larraz a finales del siglo XVIII, el cual recomendó que por la situación moral, política, económica y espiritual se debía segregar El Salvador de Guatemala, erigiendo una diócesis en tierras cuscatlecas. Por intereses económicos y políticos las autoridades guatemaltecas obstaculizaron la gestión y los salvadoreños comprendieron que debían actuar en primera persona para conseguir su anhelo.

Por ello, y meses después de aceptada la independencia de España, el 30 de marzo de 1822, las autoridades civiles de El Salvador erigieron sin consultar a Roma un obispado y se nombró obispo a José Matías Delgado. Ante esta declaratoria y la comunicación constante entre la Santa Sede y el arzobispo de Guatemala Mons. Casaus y Torres la curia romana frenó dicha resolución. Roma fue lo suficientemente clara y le indicó a Delgado que de continuar con su idea sería excomulgado y suspendido en sus funciones de presbítero.

El proceder de la Santa Sede respondía a dos hechos en particular. El primero de ellos es que los privilegios entregados al Rey de España eran personales y exclusivos a él y sus herederos, en su función de reyes de España. Por ende, al desaparecer su poder en América los privilegios concedidos a él en estas tierras también desaparecían. El segundo hecho era que Roma deseaba evitar que las nuevas unidades políticas surgidas post-independencia crearan por su propia cuenta diócesis sin las consultas pertinentes y se originaran Iglesias nacionales siguiendo el modelo francés (galicanismo) originado luego de la Revolución francesa. 

El principal temor que tenía la Santa Sede se cuajó en 1825 cuando los gobernantes de Costa Rica, observando lo que sucedía en El Salvador, erigieron diócesis y nombraron a Fray Luis García como obispo del país. Desde Roma se observó con cautela, pero también con determinación lo que sucedía en el Istmo y se indicó que el mal se podía subsanar si se lograba que Matías Delgado renunciara a sus intenciones de ser obispo en El Salvador. Esto se consiguió y la declaratoria realizada en Costa Rica, unida a que García por prudencia no aceptó el cargo, propiciaron que la “diócesis” costarricense muriera por inanición. 

En tiempos de Braulio Carrillo (1838-1842) se gestionó de nuevo una diócesis a Roma (como se verá en las próximas entregas), pero el deseo no fructifico por problemas económicos. Por ello, tiempo después y vinculando las ambiciones de poder, José María Castro Madriz erigió de manera anticanónica el 12 de diciembre de 1848 una diócesis en Costa Rica y nombró obispo a su tío el Pbro. Juan de los Santos Madriz.

Ante esta nueva tentativa civil la Santa Sede, además de estar prevenida por los informes enviados por el obispo Mons. Viteri y Ungo, quien residía en Nicaragua, esperó a ver qué sucedía. Dicha erección no pasó a mayores ni generó los problemas que se ocasionaron entre los años de 1822-1826 porque se dio el derrocamiento de Castro Madriz en 1849. Unido a lo anterior, se debe agregar que Roma jamás hubiera aceptado a Juan de los Santos Madriz porque entre otras razones era conocida su descendencia que caminaba en esta tierra, entre ellos el sacerdote Francisco Calvo, quien era su hijo.

Sin embargo, en medio de todo esto lo importante y lo que debe ser rescatado fue la posición que la curia romana tomó ante las determinaciones de los gobiernos locales. Su posición fue de un rotundo rechazo a la posibilidad de que las nuevas unidades políticas heredaran los derechos del Regio Patronato Indiano y con ello el poder de crear diócesis a su gusto solo esperando el “placet” por parte de la Santa Sede.

La curia papal, observó desde el mismo 1821 que la reconquista por parte de España sobre sus ex dominios americanos era una tarea imposible. Por ende, aprovechó el proceso independentista para negociar con cada una de las nuevas unidades políticas nuevos tratados en los cuales las condiciones serían otras y podría llevar adelante su proyecto romanizador que no había podido desarrollar en la América española por los límites que le imponía el Patronato Indiano.

Muestra de lo que se está argumentando fueron los concordatos que procuró firmar con los estados latinoamericanos que se iniciaron con la misión Muzi-Mastai para Argentina y Chile en 1823-1824. El intento de Concordato con Bolivia que no se firmó a mediados del siglo XIX, pero que se convirtió en el modelo para los sucesivos que sí se firmaron con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua entre las décadas de 1850-1860. Donde se establecieron nuevos puntos que Roma más que negociar impuso a estas cinco nuevas naciones.

Raquel Alfaro Martínez y José Aurelio Sandí Morales

Escuela de Historia

Universidad Nacional